viernes, 19 de agosto de 2011

Una amenaza hot para Mauricio

La mediática vedette Nazarena Velez desde su nuevo rol de seriedad comenzó a cumplir el rol de ¨punta de Iceberg¨ en una cadena de denuncias contra el sistema de habilitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del cual la máxima autoridad es el PROcesado Mauricio Macri. Previo pago de un canon mensual, ofrecían facilidades para habilitaciones y evitando también la visita de inspectores. Según figura en la investigación, habrían participado también de la habilitación de Beara, el boliche que se derrumbó y provocó la muerte de dos jóvenes.

La Justicia investiga una red que incluye coimas y tráfico de influencias en el área de inspecciones y habilitaciones de boliches en el gobierno porteño.
Se trata de personas que actuan como gestores e intermediarios para lograr habilitaciones de locales bailables para que puedan trabajar sin ser "molestados" por inspectores, gracias a los importantes vínculos con funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
De hecho, el jueves pasado la Policía Federal allanó los domicilios de tres personas vinculadas a esta red.
La causa ya tiene dos imputados, a los cuales se les concedió la libertad luego del pago de una fianza de 250 mil pesos. Uno de los acusados sería la pareja de una funcionaria del área en cuestión.
El juez a cargo de la causa, Juan Ramos Padilla, ordenó la imputación de los dos gestores luego de una serie de escuchas telefónicas entre distintos interlocutores, entre los que se incluye la directora de Fiscalización y Verificaciones, Vanesa Berkowsky.
Los diálogos se refieren a gestiones, por un lado, para habilitar el festival de música electrónica Creamfields, previo pago de una importante cantidad de dólares. Y por otro, para un permiso para la habilitación del circo Servian en un predio de la Ciudad.
Durante uno de los diálogos, uno de los imputados admite también haber sido quien gestionó la habilitación de Beara, el boliche donde murieron dos chicas del público al derrumbarse un entrepiso.
La causa comenzó luego de las denuncias de un numeroso grupo de dueños de boliches, quienes coincidieron en el acoso mediante inspectores, que sólo podían ser frenadas mediante la suscripción de los comerciantes a un sistema por el cual, previo pago de un canon mensual, puede saberse qué día se haría la inspección en su local, o bien evitar la molestia de la visita.
A esas denuncias se agregó la que formularon la actriz y vedette Nazarena Vélez y su marido, Fabián Rodríguez, por la presunta extorsión que sufrieron durante el trámite de habilitación de un teatro, el Multiespacio Los Angeles, ubicado en un local de la calle Corrientes al 1700, en el mismo lugar donde funcionó el cine del mismo nombre. Vélez y Rodríguez pidieron la intervención de sus propios teléfonos, medida que fue aceptada por el juez a cargo de la causa, Juan Ramos Padilla.
Como resultado de las escuchas aparecieron vinculados a las presuntas maniobras de cobros irregulares Leandro Camani –esposo de Samantha Farjat–, su socio Federico Garaglia, Matías Pantarotto –quien además fue abogado defensor de los dueños de Beara– y Vanesa Berkowsky, cuyos teléfonos celulares también fueron intervenidos judicialmente.
La punta del iceberg
Precisamente, durante uno de los diálogos, uno de los imputados le ofrece al marido de Nazarena hacerle la habilitación del teatro en un breve tiempo y puso como ejemplo de eficacia su trabajo para la habilitación de Beara, el boliche que se derrumbó y provocó la muerte de dos chicas.
Por esto, Ramos Padilla pidió que se adjunte la causa del derrumbe de Beara, ya que en esa investigación aparecieron muchos de los nombres que hoy figuran en esta causa. Por ejemplo, el de Vanesa Berkowsky, que en una audiencia en la Legislatura porteña reveló que había advertido al entonces director de Habilitaciones, Martín Farrell, que no debía aprobar el trámite de Beara por las numerosas sanciones que tenía por funcionar como disco sin habilitación.
Las charlas, que son material de investigación de la Justicia, también involucran al presidente de la Cámara de Empresarios de Discotecas, Jorge Becco, y al titular del gremio de municipales, Amadeo Genta.
Esos diálogos son sólo algunos de los que figuran en el expediente, y por los que el juez Ramos Padilla ordenó el allanamiento de oficinas de la Agencia Gubernamental de Control, los domicilios de los gestores, una tercera vivienda ubicada en la calle Vera, en Caballito, y de los boliches Jacko’s, Honduras y Loka, ante la sospecha de que participaron de los arreglos.
Los investigadores, que lograron conseguir una gran cantidad de documentación durante los allanamientos, afirman que sólo se trata de "la punta del iceberg", en un caso que amenaza con involucrar a más funcionarios.


Fuentes: Extractos de Infobae y Página12

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